Entrevistador: Abogado, muy buenas tardes. Bienvenido a su entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Le pedimos que nos diga su nombre completo, el cargo al que aspira y su lugar de nacimiento.

Federico Anaya Gallardo: Buenas tardes. Mi nombre es Federico Anaya Gallardo. Aspiro a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nací en la Ciudad de México.

Entrevistador: Muchas gracias. Le haré la primera pregunta. Usted es conocido por sus aportaciones en medios sobre temas jurídicos. ¿Cuál es su opinión jurídica sobre las suspensiones que están emitiendo jueces de distrito respecto a la implementación de la reforma judicial y, en particular, sobre la sentencia del Tribunal Electoral y el desacato del Comité de Evaluación del Poder Judicial?

Federico Anaya: Este debate evidencia por qué la carrera jurídica ha ganado mala fama. Parece que cada abogado o abogada puede encontrar un argumento para detener cualquier proceso. El problema de fondo es que muchas veces no se comprende la diferencia entre jurisdicciones, como la del Tribunal Electoral y la del sistema de amparo. Esa complejidad técnica aleja a la ciudadanía del entendimiento del derecho.

Además, existe la falsa idea de que “la ley es la ley”, cuando en realidad toda ley es interpretación. Y cuando se mezclan jurisdicciones distintas, como la electoral y la de garantías, se genera una situación confusa.

Por otro lado, históricamente se consideraba que no era posible ir al amparo contra reformas constitucionales. Esa barrera técnica se eliminó cuando se trató de proteger los intereses del propio Poder Judicial. Por ejemplo, cuando solicitamos a la Corte revisar reformas constitucionales en materia indígena o de organización económica, respondió que no podía. Pero cuando se tocaron sus privilegios, entonces sí intervino.

Eso es parcialidad, no imparcialidad. La Corte debe ser sincera y asumir que es un poder político. Puede que los juzgados de distrito o tribunales especializados no lo sean, pero la Corte sí lo es. Y debe justificar por qué se protege a sí misma y no a otros sectores como los pueblos indígenas.

Entrevistador: Gracias. Pasando a otro tema, ¿podría hablarnos del concepto de violaciones graves a derechos humanos y de algún caso representativo en México en las últimas décadas?

Federico Anaya: Un caso constante es el de la prisión preventiva oficiosa. Interpretarla como automática es peligroso, porque elimina la posibilidad de que un juez tome decisiones razonadas. Es una medida impulsada por razones políticas —“ser duros contra el crimen”— que ha derivado en abusos.

En México hay personas que llevan 17 años presas sin sentencia. Esa es una violación gravísima: la falta de justicia pronta y expedita. La Corte ha retomado en años recientes una práctica virreinal: visitar prisiones. No es su obligación, pero al hacerlo, constata la realidad.

Y en nombre de los derechos humanos, ¿no deberíamos interrumpir los procesos donde el daño ya es evidente, en lugar de prolongar el sufrimiento por formalismos? Es fundamental tomar decisiones equitativas, porque no es justo que una persona pase cinco años sin sentencia.

Entrevistador: Gracias. Dado que la reforma incluye la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, ¿qué propone usted respecto al control y vigilancia del Poder Judicial?

Federico Anaya: Hay una frase en el constitucionalismo estadounidense: la libertad requiere vigilancia perpetua. Muchos problemas surgen por falta de atención. No estaba al tanto del nivel de impunidad que el Consejo de la Judicatura había permitido.

Las propias cifras lo muestran: pocas investigaciones, menos sanciones y aún menos consecuencias severas. Para corregir esto, propongo lo siguiente:

Esto permitiría evitar convertir al tribunal disciplinario en un censor ideológico y garantizaría una rendición de cuentas real. No se trata de castigar por castigar, sino de explicar las decisiones, incluso cuando no sean populares.

Entrevistador: Le quedan dos minutos para compartir sus propuestas para mejorar el sistema de justicia.

Federico Anaya: Este proceso de entrevistas me recuerda al modelo estadounidense, del cual somos parientes constitucionales cercanos. Pero hay algo que aún debemos imitar: la rapidez.

Por ejemplo, ¿cómo es posible que la Corte tarde un año y nueve meses en decidir si un gobernador debe presentarse ante un juez? No era siquiera un delito grave. La respuesta fue tardía, pasó desapercibida y contraria al espíritu constitucional.

Debemos resolver casos graves en no más de dos meses. Esto generaría un efecto cascada hacia los demás niveles del sistema. Hoy discutimos más sobre suspensiones que sobre el fondo de los amparos porque los procesos son excesivamente lentos.

El enfoque debe estar en resolver los asuntos principales, no sólo en medidas provisionales. Esa es la forma de recuperar la confianza en la justicia.

Entrevistador: Se ha agotado su tiempo. Le agradecemos su presencia, sus respuestas y lo felicitamos por llegar a esta etapa. Le pedimos estar atento a futuras comunicaciones del comité.

Federico Anaya: Muchas gracias.